Las artimañas del chavismo para acabar con la legítima Asamblea Nacional (+Cronología)

El 6 de diciembre de 2015 la oposición ganó la Asamblea Nacional de Venezuela, poder que hasta entonces había controlado, pese a rumores de fraudes y artimañas, el chavismo. Era la primera vez, desde 1998, que la coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) vencía en una elección al movimiento liderizado por Hugo Chávez.

Con 56,21% de votos frente a 40,92%, la MUD logró 112 diputados, mayoría calificada, y 55 el Gran Polo Patriótico, la coalición de partidos del entonces oficialismo. En la actualidad el número de curules «rojas rojitas» bajó, debido a que ocho de esos parlamentarios son ahora disidentes de las filas del régimen, lo que dejó a Maduro con solo 47 diputados. El último en deslindarse de la bancada roja fue Fernando Orozco quien se sumó a la sesión del Parlamento este miércoles 15 de mayo.

La judicialización al Parlamento empezó a hacer estragos el mismo diciembre de 2015. Ese mes, y a pesar de que no había despacho en tribunales, fue admitido un amparo que solicitó Nicia Maldonano (candidata del PSUV que no resultó electa) para impugnar los resultados – alegó fraude y compra de votos – en el estado Amazonas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro ordenó el 30 de diciembre de ese año la suspensión «de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos en Amazonas y la Región Indígena Sur». La sentencia declaró la invalidez jurídica del acto de juramentación de los diputados Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana por una supuesta violación flagrante del orden público constitucional.

Foto: Cortesía

A pesar del fallo, los tres diputados indígenas se incorporaron a sus labores.

2016: sentencias, sentencias y más sentencias

El 5 de enero de 2016 se instaló el nuevo período parlamentario con una directiva encabezada por Henri Ramos Allup (Acción Democrática) como presidente de la Asamblea Nacional.

Menos de una semana después, el 11 de enero, se dio un nuevo golpe por parte del TSJ al declarar a la AN en «desacato» mientras los parlamentarios de Amazonas estuviesen incorporados a la vida legislativa. Por tanto, todas las decisiones del órgano serían nulas de legalidad. Pese a ello, el entonces presidente, Nicolás Maduro, presentó ante esa Asamblea su memoria y cuenta el 15 de enero.

Este sería el principio de una cadena de decisiones por parte del TSJ que han impedido el trabajo legislativo con 37 sentencias interpuestas, entre ellas la eliminación de la facultad de investigar, controlar e interpelar a los representantes del Poder Ciudadano.

Ese mismo año se suspendieron los sueldos de los diputados como empleados públicos y la bancada del chavismo abandonó sus curules.

El 23 de octubre se produjo la primera incursión violenta de grupos colectivos oficialistas.

2017: arrecia la persecución directa a diputados 

Le tocó el turno a Primero Justicia en la presidencia de la AN, que recayó en Julio Borges, coordinador general de la tolda aurinegra. En lapso, 32 sentencias del TSJ frenaron el funcionamiento del Parlamento, declarando todas sus leyes inconstitucionales y permitiendo solo la realización de acuerdos.

Este año comenzó también la persecución directa a diputados. El 11 de enero de 2017 fue detenido en la ciudad de Valencia el diputado suplente de Voluntad Popular, Gilber Caro.

Según Tarek El Aissami, quien para ese entonces era vicepresidente de la República, Caro portaba al momento de su detención «un fusil automático ligero, 20 cartuchos sin percutar y explosivo plástico», además de dinero en efectivo.

Caro pasó 17 meses preso, 12 de ellos en aislamiento hasta que le otorgaron medidas cautelares en 2018. El 26 de abril de 2019 fue detenido nuevamente, y hasta el momento se desconoce de su paradero. Esta segunda detención de Caro fue el inicio de una nueva ola de persecución contra los diputados.

En agosto de 2017 sería el turno de Germán Ferrer, elegido en las filas del chavismo y esposo de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente y la destitución de Díaz al frente del Ministerio Público el 5 de agosto de ese año, el fiscal designado Tareck William Saab ordenó la captura del parlamentario el 17 de ese mes  argumentando que dos fiscales investigarían por corrupción y extorsión a Ferrer.

Horas antes, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la casa de Ferrer y de Ortega.

Caro y Ferrer no fueron los únicos. Tras un turbulento periodo de protestas que se prolongó por más de 100 días en el país y que dejó más de 150 personas fallecidas, un nuevo proceso de diálogo se asomó en el horizonte venezolano.

En paralelo, en noviembre de 2017 el TSJ emitía una orden para retirarle la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara, que en ese entonces era vicepresidente de la Asamblea Nacional, y proceder a su enjuiciamiento. El TSJ dijo que Guevara incurrió en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir.

Foto: Cortesía

Durante 2017, también fueron conocidos los casos de exilio forzoso de los diputados Rosmit Mantilla (VP), exiliado en Francia ante la amenaza de la reactivación del juicio en su contra; Gaby Arellano (VP), exiliada en Colombia tras una presunta orden de captura del Sebin; José Manuel Olivares (PJ), exiliado en Colombia tras el encarcelamiento de su hermano; y Adriana D´Elia (PJ) quien se fue a Miami tras una inhabilitación emitida por la Contraloría General de la República por presunta malversación de fondos cuando era funcionaria de la Gobernación de Miranda.

2018: una AN con diálogos rotos que se negó a rendirse 

2018 estuvo marcado por el fallido proceso de diálogo que tuvo lugar en República Dominicana. Allí participó una delegación de parlamentarios de la oposición, encabezada por Borges. El 18 de enero fue clave en esas conversaciones.

A la cita de ese día solo se presentó la delegación gubernamental. Tras la llamada Masacre del Junquito, donde fue asesinado el exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, ocurrida el 15 de ese mes, la oposición no dudó en señalar que se trató de una ejecución extrajudicial, lo que interpretaron como una falta de compromiso real por alcanzar un acuerdo por parte de Maduro.

Durante 2018, el TSJ no cesó sus sentencias contra la AN. Doce decisiones de la Sala Plena de la máxima instancia judicial siguieron frenando el funcionamiento del Legislativo, que para ese momento estuvo presidido por Omar Barboza, de Un Nuevo Tiempo.

Ese año se exilió el diputado Ramon López. Pero el verdadero golpe al Parlamento se produjo en agosto, cuando Borges y Juan Requesens, también diputado, fueron acusados de estar implicados en el supuesto magnicidio frustrado contra Maduro del 4 de agosto.

Borges decidió exiliarse en Colombia, mientras que Requesens fue detenido el 7 de agosto, sin orden judicial y sin previo allanamiento de su inmunidad parlamentaria, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La detención se registró en su residencia y junto a él fue detenida su hermana, la dirigente estudiantil Rafaela Requesens, quien fue liberada horas más tarde.

Año 2019: una nueva esperanza con amenazas de disolución de la AN

El 5 de enero de 2019 asumió una nueva directiva en el Parlamento con uno de los escenarios más complejos de la crisis venezolana. Juan Guaidó fue el elegido para asumir la presidencia como representante de Voluntad Popular, uno de los partidos más radicales contra el régimen y cuyo líder, Leopoldo López, estuvo detenido desde 2014 hasta el 30 de abril de este año.

Tras un proceso electoral considerado ilegítimo por más de 60 países, Guaidó se alzó como máximo líder de la oposición y asumió funciones como presidente encargado del país, cargo que juró el 23 de enero y abrió un nuevo proceso de confrontación con el régimen de Maduro, que respondió con más persecución a la AN.

El punto de inflexión definitivo llegó con los hechos del pasado 30 de abril, cuando Guaidó y López – que para sorpresa de todos salió de su residencia, donde cumplía su condena a casi 14 años de cárcel – junto a militares y un grupo de diputados iniciaron la fase final de la Operación Libertad emprendida por el presidente electo.

Dos semanas después del 30 de abril, otros 14 diputados comenzaron a ser perseguidos por la dupla TSJ-ANC. Ellos son el primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano; Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo de Grazia, Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores. Todos acusados de delitos de traición a la patria e instigación, entre otros.

En la actualidad, 30 diputados – 24 principales y seis suplentes – de la bancada de la alternativa democrática son perseguidos. De ellos, 17 están fuera del Parlamento por estar detenidos, desaparecidos, exiliados o refugiados en sedes diplomáticas en calidad de huéspedes.

El Observatorio Electoral Venezolano indicó en un informe que el sistema político del país perdió hasta 88,6% de sus partidos entre 2010 y 2018, debido a las inhabilitaciones de estos por vía judicial.

Le puede interesar: 

+ Información

Seguir leyendo en el medio que originalmente publicó esta noticia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *